¿Quién se beneficia realmente con la nueva ley de alquiler? Caso real con el que me he encontrado.
Un propietario invirtió los ahorros de 40 años de trabajo en la compra y alquiler de un piso en Barcelona. Hace seis años adquirió la propiedad con una hipoteca variable. Con la reciente subida de tipos, la cuota mensual ha aumentado de 900€ a 1.200€. Sin embargo, el alquiler de la vivienda sigue siendo 950€ al mes, una cantidad que no puede aumentar debido a la nueva ley de alquiler.
Hace un año, este ingreso de alquiler casi cubría la hipoteca, pero actualmente no lo hace. A principios de este año, el propietario decidió vender el piso para evitar seguir endeudado a ese costo. Informó al inquilino con antelación que al final de su contrato (septiembre de 2023) no podría renovarlo debido a la venta del inmueble, ofreciéndole la opción de comprarlo.
La valoración del piso por el banco ronda los 200.000€, pero el inquilino, un pensionista, no estaba interesado en comprar. En octubre, el inquilino dejó de pagar el alquiler y no abandonó la vivienda. Este pensionista recibe una pensión de 2800€ al mes y posee una vivienda a 70 km (en la costa de Barcelona). Sin embargo, la nueva ley de alquiler impide su desalojo debido a su condición de jubilado.
El propietario intentó negociar con el inquilino, ofreciendo pagar los costes de traslado y tres meses de alquiler en otro lugar, pero el inquilino rechazó la oferta y pidió 25.000€ para marcharse.
El propietario interpuso una demanda por impago y finalización de contrato, con un coste inicial de 2.900€. Según su abogado, en el mejor de los casos, recuperaría su piso en 11 o 12 meses, y en el peor, en dos años. Esta situación hizo que vender el piso se volviera más difícil, especialmente con un inquilino en proceso judicial.
Intentando minimizar las pérdidas, el propietario ofreció el piso a inversores con un descuento, por menos de 150.000€, una cifra que casi cubre la deuda hipotecaria de 140.000€.
Finalmente, un fondo de inversión compró el piso por 140.000€. Contrataron a una cuadrilla de trabajadores del este de Europa para presionar al jubilado, quien pagó parte de la deuda y abandonó la vivienda en dos semanas. El fondo reformó el piso, añadiendo un baño más, y lo alquiló por 1.550€ al mes a una pareja canadiense en menos de tres días.
Los fondos de inversión suelen poner los pisos a nombre de testaferros particulares para evitar problemas legales.
Reflexión final: ¿Quién se beneficia realmente con la nueva ley de alquiler?
